Tribuna El Mundo. Efecto ‘Erga Omnes’ en los juzgados

ARTÍCULO ORIGINAL PERIÓDICO EL MUNDO (CLICK AQUÍ)

Estimados amigos,

De nuevo quiero compartir con vosotros mi última Tribuna “Efecto ‘Erga Omnes’ en los juzgados” que ha sido publicada en el diario El Mundo el pasado sábado 10 de diciembre en su versión impresa y digital (ver aquí)

Si analizamos el hecho de cómo se ha ido criminalizando la vida política, social y económica de un tiempo a esta parte, se entendería el porqué del efecto Erga Omnes, locución latina que significa ‘contra todos’.

El fallecimiento de la senadora y alcaldesa de Valencia durante más de dos décadas deberá remover conciencias en la judicatura, pero sobre todo en el cuarto poder que últimamente mueve los hilos de la Justicia a golpe de titulares tendenciosos. Pero lo más triste es que no haya habido conmiseración alguna con la señora Rita Barberá.

Observamos cómo se retuerce un principio procesal capital reconocido en el artículo 24.2 de nuestra Constitución, me refiero al derecho de presunción de inocencia, lo que impone que a lo largo de cada proceso todo investigado deba ser tratado y considerado inocente. Nadie lo duda de puertas para dentro de los juzgados, pero de puertas hacia fuera el susodicho estará marcado para toda su vida. En efecto, convendría que la ley se aplique a todos por igual, faltaría más, aunque en el orden jurisdiccional penal habría que tener una mayor sensibilidad, más si cabe, frente a profesionales, empresarios, políticos y funcionarios, con un modo de vida acorde al ordenamiento jurídico, lo que se dice una persona con principios y ética demostrada, y que está lejos del arquetipo de persona que pueda cometer un delito. Por lo tanto, se puede intuir que se aplica con demasiada ligereza la figura de investigado, sobre todo en los procesos iniciados de oficio por el Ministerio Fiscal.

Esta veleidad en fase de instrucción conlleva que nuestro protagonista se encuentre atrapado, y sin remisión ‘condenado’ a ir al plenario o juicio oral en la nueva condición de procesado, debido a que esta fase constituye el núcleo decisivo del proceso penal. Es más, entre la doctrina y la jurisprudencia se incide en el hecho de que el acusado no necesita probar nada, siendo toda la carga de la prueba por cuenta de los acusadores, de modo que si falta la misma ha de dictarse sentencia absolutoria, o en su defecto en la fase de instrucción su sobreseimiento. Así, qué, en la hipótesis de que no haya pruebas concluyentes, y solo meras sospechas o indicios en contra del investigado en la fase de instrucción ¿por qué llevar a la situación de procesado a nuestro protagonista?

Es vox populi que los juzgados están desbordados y, como consecuencia directa, los procesos penales se alargan sine die. Por ello, cuando no se aplica con rigor uno de los principios básicos del Derecho Penal, nos referimos al de intervención mínima, estamos conculcando un derecho fundamental recogido en la Constitución Española en el artículo 24.1 denominado tutela judicial efectiva. Hay, igualmente, principios de carácter técnico que se saltan a la torera, nos referimos al principio de concentración, que entraña el tener un proceso sin dilaciones indebidas. Además de la aplicación un tanto parcial del principio acusatorio, que lleva aparejado falta de garantía de la imparcialidad objetiva debida. Viene bien recordar aquella frase pronunciada por el que fue inquisidor y arzobispo francés Arnaldo Amalric durante el sitio de la ciudad francesa de Béziers, en julio de 1209: ¡Matadlos a todos. Dios reconocerá a los suyos!

Es verdad que una vez nuestro protagonista se ve envuelto en el circo mediático de un proceso penal en calidad de investigado, pasa de inmediato a cumplir una pena de la que ya nadie le resarce, aunque finalmente sea sobreseída su causa, o bien obtenga una sentencia exculpatoria. Lo que en el argot de pasillo de juzgado llaman ‘pena de telediario’. Si a esta coctelera añadimos el ingrediente de entorno tecnológico imperante de redes sociales, blogs, chats, etc, la cosa toma un cariz de tragedia griega. De hecho, un imputado/investigado, y no digamos procesado, en el imaginario colectivo, es decir ‘la gente’, lo primero que piensan, culpable sin redención, y justo ahí podemos hacer una comparativa metafórica trasladándonos a la antigua Roma cuando la muchedumbre en el circo bajaba sus pulgares, o las hilanderas de la Bastilla se afanaban en ver rodar cabezas con pelucas de rizos a la moda de la época. Los Robespierres de hoy hacen bien su trabajo.

Los órganos jurisdiccionales están en su mayoría desbordados, y los juzgados de instrucción no dan abasto, y mucha culpa de ello la tiene la aplicación del efecto Erga Omnes que solo beneficia a los verdaderos delincuentes, ya que la policía, fiscalía y todos los recursos están entretenidos con potenciales inocentes que no deberían estar en situación de investigados o procesados.

La praxis tendenciosa no es otra que, a la apertura de un proceso, se impute a todo el que pasaba por allí. Y después, hasta que se cierre el telón, le espera un largo camino al proceso, casi una década en muchos casos, en el que la sombra de la duda sobre el susodicho sigue vigente; y por fin la tan ansiada sentencia, la misma que suele pasar de puntillas sobre nuestro protagonista que no cometió ningún delito. Llegado a este punto, el afectado queda contento de que le dejen tranquilo, y en ese momento no tiene fuerzas ni ganas a la hora de exigir una reparación, pues ya se sabe que cocodrilo no come carne de cocodrilo.

Confiemos en el legislador para que ponga en la balanza de nuevo los dos derechos fundamentales en continua pugna, evite que los juzgados se terminen por transformar en plaza pública, y que los investigados o procesados no tengan que hacer el paseíllo con el único propósito de escarnio público. En buena lógica debería prevalecer el principio de secreto o reserva de las actuaciones procesales frente al principio de publicidad.

Francisco Barrionuevo consejero delegado de Novaschool.

Profesor de Economía ESO/ BACH

y estudiante de 4º curso Grado Derecho.

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