Tribuna El Mundo. Inercia procesal en los juzgados de Instrucción

ARTÍCULO ORIGINAL PERIÓDICO EL MUNDO (CLICK AQUÍ)

Estimados amigos,
De nuevo quiero compartir con vosotros mi última Tribuna “Inercia procesal en los juzgados de Instrucción” que ha sido publicada en el diario El Mundo (ver aquí)

Es inconcebible que tras la fase de instrucción que suele durar años, baste para sentar en el banquillo a un ciudadano como presunto autor de un delito económico o contra el patrimonio con tan solo una mera posibilidad. Sin embargo, el espíritu de la Ley es que exista una posibilidad razonable, cierta, acreditada y mas cercana a la probabilidad que a la posibilidad. Merced a las circunstancias, observamos que la forma en la que se incoan y desarrollan las macrocausas producen daños colaterales en algún que otro ciudadano inmerso en dichos procedimientos penales mediáticos e inacabables. Y si faltaba algo por añadir, el uso insistente de falacias argumentativas por parte de la acusación popular ejercida por los partidos políticos, y algún que otro fiscal que atiende las llamadas del gobierno de turno; todo ello provoca que se desvirtúe el proceso penal.

En sentido estricto, el Estado, a través de sus jueces y fiscales, debe ejercer el imperium con sensatez, eso quiere decir que si hay otra jurisdicción a la que acudir (civil, mercantil, etc.) prevalecerá ésta, y la jurisdicción penal siempre deberá entrar en última instancia. Nadie duda que el Derecho Penal tiene carácter de última ratio por parte del Estado, y con el objetivo de proteger los bienes jurídicos. Por ello, el juez instructor tiene que tener plena convicción sobre la perpetración de un delito económico o contra el patrimonio, y no mera sospecha. En esas andamos, y por tanto ya nadie niega que se le aplica una pena al investigado que termina por ser acusado debido a la inercia procesal, nos referimos a la famosa pena de banquillo; es lo que hay, te pongas como te pongas. Llegado a este punto solo le quedará doblar la cerviz y encomendarse a Dios y al diablo.

Debemos estar de enhorabuena ya que en España tenemos una Justicia que al final prevalece. Tal vez de forma tardía, sobre todo porque la honra perdida del inocente cuesta horrores recuperarla; por desgracia los medios de comunicación no ponen el mismo énfasis en ello, éso no vende periódicos. Resulta asombroso que en ocasiones estemos linchando a un inocente, y que a ello contribuya un fiscal o juez un tanto acucioso que no está por la labor de poner fin a la inercia procesal, a pesar de que se aporten pruebas definitivas sobre la inocencia del investigado. Pero no, ahora lo más importante sería que el acusador público “salve la cara”, y lo que viene siendo habitual es que el juez instructor dicte auto de Procedimiento Abreviado, usando en esos casos la misma coartada soportada en conjeturas disfrazadas de indicios. Así, que, nuestro protagonista irremisiblemente deba ir a instancias superiores, o lo que es lo mismo, probar el frio tacto de un banquillo de acusados. De eso va la inercia procesal; una vez iniciado el camino es difícil, por no decir imposible, que se dé la justa retrocesión. Que razón tenía el profesor Cafferata cuando dijo que juzgar es quizás la más divina de las actividades humanas, porque pone a un hombre por encima de otros hombres para enjuiciar sus actos, decidiendo sobre su libertad, su fortuna, su honor y sus bienes.

La ciudadanía agradece que se investigue, procese y condene, si hay prueba para ello, a los investigados por corrupción y demás delitos. No obstante, las macrocausas suelen estar salpimentadas de intereses políticos y cinceladas a golpe de titulares. En efecto, que la realidad no te estropee un buen titular, o lo que es lo mismo, que una prueba de inocencia manifiesta no te estropee una buena acusación. Ciertamente, algunos de esos jueces “estrellas” demuestran una cierta inhabilidad a la hora de impartir justicia, ya que en ocasiones ponen su poder al servicio de otros intereses. Lo que es inaudito, y que atenta contra la tutela judicial efectiva, es la inversión de la carga de la prueba (probatio diabolica). Llegados a este punto, las salas de los juzgados de instrucción empiezan a tomar un cariz de proceso inquisitorial, al igual que los llevado a cabo por la Santa Inquisición. Allí no se respetaba la presunción de inocencia, ya que solían incurrir en absurdos lógicos tal que así: si confiesas, eres culpable; si no confiesas, ni aun bajo tortura, es que el diablo te ha dado fuerzas para soportar la tortura, y por tanto eres también culpable. En fin, hagas lo que hagas estás condenado.

Realmente nos estamos volviendo paranoicos, y seguramente los empresarios de bien no se les va a pasar por la cabeza presentar proyectos de inversión en los que se mariden capitales privados y públicos, pues sus garantías no están aseguradas viendo lo que les está pasando a algunos empresarios y ejecutivos de empresas privadas que están siendo investigados en procesos como el de Invercaria. Que sepamos, en algunas piezas de esta macrocausa los empresarios han invertido y perdido su dinero junto a Invercaria.

Desafortunadamente este pandemonio en el que se está convirtiendo los juzgados de instrucción provoca parálisis en las administraciones, y como consecuencia directa la devolución de cientos de millones de euros en partidas para la formación, investigación y desarrollo, o en su caso inversiones públicas de capital riesgo que brillan por su ausencia. Y según Eurostat, cinco de las diez regiones europeas con más paro son españolas. Y miren por donde, la región andaluza con el 28,9% de paro es la campeona de España. Nada nuevo bajo el sol de nuestra Andalucía.

Francisco Barrionuevo es consejero delegado Novaschool y profesor de Economía ESO-BACH

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