Tribuna El Mundo: Actuaciones judiciales en el caso Invercaria

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Actuaciones judiciales en el caso Invercaria

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Hay que reconocer la gran labor que está llevando a cabo el Ministerio Fiscal y, concretamente, la Fiscalía Anticorrupción como brazo armado de la Justicia, velando por el estricto cumplimiento de la Ley. Gracias a esta labor, en muchos casos poco entendida y comprendida por la ciudadanía, se ha logrado destapar bolsas de corrupción que están siendo encausadas de manera ejemplar, poniendo así a los culpables a buen recaudo. Pero déjenme explicar que en toda regla impera la excepcionalidad, y esa gran labor a veces se torna en situaciones injustas que provocan daños colaterales; sin ir más lejos el caso Mercasevilla y el tormento al que se le sometió durante años al empresario D. José Luis Sánchez Domínguez, hombre muy respetado por su labor empresarial.

En efecto, la Fiscalía debe ser imparcial en sus planteamientos, actuando en defensa de la legalidad y del interés público, siendo capaz de realizarlos con unidad de criterio en todas sus intervenciones. No obstante, la macrocausa Invercaria ha devenido en una suerte de desigual criterio por parte de la Fiscalía en las diferentes piezas en las que se ha desgajado, dejando a las claras que no hay unidad de criterio. No puede ser que los mismos Fiscales decidan sobreseer, o por el contrario pedir penas de cárcel, dándose a priori los mismos supuestos elementos del tipo penal. Es más, se da con frecuencia que un Fiscal califique como delito lo que otro distinto pueda llegar a archivar, yendo así en dirección contraria a la unidad de actuación. Pero lo que no tiene lógica alguna sería que los mismos fiscales que están investigando piezas de una misma macrocausa que tienen idénticos presupuestos, en unas piezas se pida el sobreseimiento (Kandor, Irongate, Mar Cristal Marilum) y en otras (FIVA, Servivation, Operadores Aéreos, entre otros) la Fiscalía pida penas de prisión sin ningún rubor en sus escritos de acusación.

Es perverso aceptar el hecho por el que el auto de procesamiento es la primera de las decisiones que contribuye a la fijación de los términos del debate. Sin embargo, debería haber juicio oral si durante la fase de instrucción el fiscal o la acusación popular o particular ponen encima de la mesa pruebas o indicios, pues de lo contrario no se puede esperar que las pruebas caigan del árbol como fruta madura durante el plenario. ¿Y si resulta que el árbol no es un frutal? De hecho, el dilema no está en si el procesado pudo o no defenderse, sino en promulgar que nunca debió haber sido acusado. Éste debería ser el elemento nuclear del debate. Pues, ¿Cuántos procesados son sobreseídos después de un largo vía crucis procesal?

Se puede entender que durante la fase de investigación previa llevada a cabo por las fuerzas y cuerpos de seguridad haya imprecisiones, sobre todo cuando hablamos de delitos especiales como son los de prevaricación, malversación, cohecho, etc., que se han puesto de moda a raíz de la cantidad de casos de corrupción destapados, muchos de ellos con evidencias de criminalidad y algunos otros algo forzados, caso Invercaria.

Con el debido respeto, es incomprensible observar cómo el Juez Instructor sigue a pies juntillas la tesis de la Fiscalía, no teniendo en cuenta las innumerables pruebas testificales y periciales presentadas por las defensas y, que dejan a la claras la inocencia en materia penal de los actuales investigados en las mencionadas piezas separadas. Es más, cualquier decisión del Juez Instructor debe ser asumida respetando la regla de la contradicción, mínimo esencial para que el pronunciamiento judicial adquiera valor de decisión tomada por un órgano en el ejercicio de la función jurisdiccional. Por tanto, para que se dé la verdadera actividad jurisdiccional, han de producirse a la vez la jurisdiccionalidad objetiva y subjetiva. De hecho, el Juez debería actuar en una posición de independencia precisamente frente a quien domina la fase preliminar; y en el caso que nos ocupa hablamos de la Fiscalía Anticorrupción. De ese modo se evitaría que la instrucción adquiriera tintes de proceso inquisitorial, como parece que está sucediendo en las piezas FIVA y Servivation.

Existen voces cualificadas que abogan por un cambio de modelo de instrucción penal en España, mutatis mutandis; lo primero que debe haber es un Juez de Garantías. Según esta tesis que sostiene (Batarreche, 2013) el Juez debe dejar de realizar actos no jurisdiccionales que valora él mismo desde su posición personalísima. El Ministerio Fiscal debe poder realizar su misión activa en defensa de la legalidad y el interés público, pues a él le corresponde sostener después la acusación. Aunque no hay que confundir lo que propugna el art. 124.1 CE y su mandato de promover la acción de la justicia «en defensa de la legalidad», y otra bien distinta es el art. 124.2 y la obligación de sujeción del Ministerio Público a la legalidad en el ejercicio de sus funciones, pues la imparcialidad es un rasgo básico de su naturaleza constitucional. (*)

Cuando un Fiscal se equivoca acusando a un inocente, de facto se produce la muerte civil del acusado, ya que el oprobio al que se le somete lo convierte en un paria dentro de su profesión y, como consecuencia inmediata, sus grupos de interés le dan de lado. Cuidemos a nuestros activos, profesionales y empresarios, Andalucía los necesita más que nunca.

*Fuente: Bastarreche, Tomás (2013), Revista de Estudios Políticos (nueva época) ISSN: 0048-7694, Núm. 160, Madrid, abril-junio (2013), págs. 103-130.

[Francisco Barrionuevo es empresario y profesor de Economía ESO-BACH Graduado en Derecho]

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