Tribuna El Mundo: La Inquisitio generalis de Invercaria

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La Inquisitio generalis de Invercaria

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Las macrocausas como INVERCARIA se están convirtiendo en un proceso general «inquisitio generalis». Esta práctica supone lesionar derechos fundamentales de muchos de los investigados, a los que se somete a una pesada carga emocional, además de ser inconstitucional. No podemos obviar que existe un derecho inherente a la persona y a su libertad que no consiente que los poderes públicos actúen injustificadamente sobre sus derechos fundamentales; concretamente nos referimos al de su inocencia cuestionada, salvo prueba en contrario «iuris tantum». Últimamente el acusador público usa en demasiadas ocasiones y con veleidad el latiguillo de “indicios suficientes” como patente de corso, para así mantener a toda costa la incriminación de un ciudadano que no ha cometido ningún ilícito penal, manteniéndose de ese modo la acusación sobre la base de conjeturas o suposiciones sin ninguna base probatoria. Torquemada hace siglos que pasó a mejor vida. No volvamos a esa época oscura, pues hacer pasar por un banquillo de acusados a un ciudadano sin base indiciaria o prueba contra él, sería lo mismo que aplicarle la peor de las torturas. Las pesquisas llevadas a cabo en INVERCARIA han seguido el método denominado “fishing expedition”,o lo que es lo mismo, “echar las redes y a ver si se pesca algo”. Sin embargo, el problema de usar artes de pesca no adecuadas y de manera indiscriminada, permitiría la captura de cualquier especie de pez. Seguramente muchos inocentes, algún que otro sospechoso y ningún delincuente profesional. Pero el inocente una vez en las redes de una macrocausa lo pasará mal, francamente mal, debido a las circunstancias que conllevan ser un procesado por delito de corrupción. Si nuestro protagonista es empresario, en ese caso sus acreedores le cerrarán las puertas del crédito, aludiendo riesgo reputacional; se acaba de convertir en un apestado social. Si a todo ello añadimos la presión mediática y el hecho de que los procesos penales en España suelen durar de media ocho años, tiempo medio para que se obtenga una sentencia en segunda Instancia. Y si no que se lo pregunten a los 39 recientemente exculpados en el Caso Astapa que, como imputados y después como procesados, han estado durante diez largos años bajo la sombra de la sospecha. No obstante, hace tan solo unos días se ha decidido exculparlos antes de que comience la fase del juicio oral. Con ello se quiere evitar el bochorno de tener que oírse la voz de un inocente en Sala (en este caso a 39 nada más y nada menos) y dejar en evidencia las grietas de un sistema inquisitorial en el que todo vale; nos referimos a la fase de instrucción penal en macrocausas, en la que se vende precipitadamente la piel del oso. Y es ahí cuando comienza a aparecer la figura del chivo expiatorio en calidad de tercero (extraneus), que cumple su función a la hora de tapar errores, tales como informes policiales precipitados, acusadores de gatillo fácil y juez de instrucción que a veces no llega a ejercer la jurisdiccionalidad objetiva ni subjetiva. Debemos recordar a algunos lo que promulga el art. 6.1 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (CEDH): “Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial, establecido por la ley, que decidirá los litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella (…)”. No sería mala idea que esos 39 acusados recientemente exculpados, y a los que les han comunicado que se ha acabado su pesadilla, tengan el arrojo y las ganas de poner en un brete a quien corresponda, interponiendo en bloque el recurso oportuno frente al Tribunal Constitucional y, en su defecto, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No se puede jugar con el derecho al honor de las personas. La Constitución Española incide en proscribir todo comportamiento caprichoso del poder público contra un ciudadano del que a priori no habría que cuestionar su inocencia sin base indiciaria y probatoria para ello. Por finalizar, la reacción de la maquinaria del Estado, frente a supuestos hechos delictivos, no debe ser pretexto para una actuación irreflexiva y desproporcionada, pues solo cabe seguir un proceso de esta naturaleza, incluso desde su fase inicial de investigación, cuando existan indicios de la comisión de una infracción penal, sin que quepa su utilización en ausencia de tales indicios. Es más, se debe poner el mismo celo misionero a la hora de aplicar las leyes a un sospechoso que a un inocente que “pasaba por allí”, de ese modo dejarle libre de toda sospecha cuanto antes, y evitarle así daños morales irreparables. Recordemos las palabras de nuestro Decano de la Facultad de Derecho de Málaga, cuando dijo que es preferible cien culpables en la calle que un inocente en la cárcel. La frase encierra un mensaje que evidencia lo insoportable que sería para un sistema judicial una equivocación de tal calibre. Salvando las distancias, igualmente existe gravedad a la hora de que un ciudadano inocente tenga que soportar la indignidad de verse bajo sospecha en un proceso penal. En ese caso, sería preferible que un potencial culpable no esté sentado en el banquillo, antes de que cien inocentes tengan que pasar por el sacrifico personal de una instrucción penal sin merecerlo.

Francisco Barrionuevo es empresario y profesor de Economía ESO-BACH. Graduado en Derecho. Investigado en las piezas FIVA y Servivation de Invercaria.

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