Lectura recomendada: Lo de menos es la Justicia

A continuación os dejo enlace y texto íntegro de un artículo muy interesante de Rafael Porras, publicado en el Periódico El Mundo.

FUERA DE GUIÓN

Lo de menos es la Justicia

Enlace al artículo original en el periódico El Mundo: clic aquí

 

OBSERVANDO el asunto con cierto desapasionamiento, se diría que hay un empeño constante de la Justicia por desprestigiarse. Salvando los festivos, ciertas fiestas de guardar y los fines de semana, no hay día en el que no encontremos ejemplos de esta propensión que tiene como principal resultado la creciente desconfianza de los ciudadanos en la justicia. (Y no digamos nada cuando se trata de ver debajo de sus faldas, en el proceso mismo de perseguir el delito) La conclusión final es que, más allá de que se trata de uno de los servicios públicos más deficientes, los defectos de esta justicia -y de todo cuanto le rodea- provocan daños a veces irreparables sin que en apariencia nadie sea o se haga responsable de los mismos.

Esta sensación es la primera a la que te empujan algunas de las decisiones judiciales, como la reciente del Juzgado de lo Penal 13 de Sevilla sobre el conocido caso de la venta de los terrenos de Mercasevilla, el mercado central de abastos de la capital hispalense. Les pongo en antecedentes. Mercasevilla decide aprovecharse en 2006 del boom especulativo y hacer caja con los terrenos donde se ubica que venden, concurso mediante, a la empresa Sando. La investigación del procedimiento de venta, a cargo de la UCO, llevó a que la juez Mercedes Alaya, apoyada en todo momento por la Fiscalía, procesase finalmente a diez personas, entre ellos al que en aquel momento era primer teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos. Además fueron procesados el ex director general de la lonja sevillana, Fernando Mellet; el ex asesor Jorge Piñero; el ex concejal socialista Gonzalo Crespo; la ex jefa de Vía Pública de Urbanismo, María Victoria Bustamente; el ex asesor del PSOE Domingo Enrique Castaño; o los empresarios José Luis Sánchez Domínguez y José Luis Sánchez Manzado, de Sando, entre otros.

La instrucción tuvo todos los ingredientes habituales en los procedimientos de la juez Alaya, aliñado en este caso además por ser el que posibilitó llegar a la punta del hilo que forma la madeja de los ERE fraudulentos, aunque nada tiene que ver.

Después de casi siete años, la justicia ha dictado que no hubo nada irregular en la venta y que de los dos años de cárcel e inhabilitación por un puñado de delitos -fraude y exacciones, prevaricación y delito societario- que se le reclamaban a los procesados, no hay ni siquiera indicios.

La primera lectura de la sentencia nos llevaría a la conclusión de que además de las habituales sospechas de parcialidad de la juez Alaya, lo que habría existo es todo un cúmulo de impericias de la magistrada, del fiscal que ha apoyado la acusación desde el principio y de la unidad de la Guardia Civil cuyas investigaciones apuntaban a los delitos señalados. Sin embargo, para mayor sorpresa y aunque la sentencia es todo un varapalo a la instrucción, la propia magistrada que la dicta, Yolanda Sánchez, destaca la imparcialidad de las actuaciones. Algo no cuadra. Si la instrucción fue un fiasco, no puede no haber responsables del fracaso.

Naturalmente, no será esta la última sentencia que tira por tierra una instrucción. Es la esencia del procedimiento judicial, como lo es que esta sentencia puede ser enmendada por una instancia superior. Pero, sin insistir en cuestiones meramente procedimentales o jurídicas, todo lo que rodea al caso resume los males de la Justicia como deficiente servicio público, pero también como muñeco propicio de intereses políticos espurios y los corporativistas de todos los agentes de intervienen en el proceso.

Basta observar las reacciones a la sentencia. Desde la propia fiscal jefe del TSJA, Ana Tárrago, que considera inevitables los daños causados a las personas implicadas asumiendo que la dilación en casos como este son normales, hasta quienes han querido ajustar cuentas políticas con la juez Alaya (pero no, curiosamente, con la Fiscalía ni con la UCO) pasando por quienes defienden una indemostrada teoría conspiratoria propiciada por el PP y sus intereses electorales en Sevilla. Allá cada cual.

Con todo, lo cierto es que este caso viene a mostrar otra vez la responsabilidad colectiva que rodea a los juicios y procedimientos jurídicos en este país en los que median actuaciones políticas. Responsabilidades que atañen al propio sistema judicial, a los jueces, a los fiscales, a las unidades de la policía, a los políticos que buscan réditos cuando se trata de casos de corrupción que afectan a partidos contrarios y también a los medios de comunicación, agentes necesarios y, a veces, voluntarios, de un circo mediático y político en el que lo de menos es la Justicia.

Rafael Porras