Contradicciones en la macrocausa de Invercaria

TRIBUNA

Contradicciones en la macrocausa de Invercaria

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La piedra angular de la acusación que ejerce la Fiscalía en el procedimiento en la macrocausa Invercaria no es otra que poner en cuestión su régimen jurídico, además del hecho por el que se discute si es de aplicación el Derecho Privado o Público. Pero lo verdaderamente sorprendente sería que, después de siete años, la Fiscalía con apoyo del Instructor, aún sigan teniendo dudas sobre ello. Es tan fácil como documentarse y leerse el Decreto Ley por el que se da carta de naturaleza a Invercaria, y a renglón seguido los estatutos de la Agencia Idea, en su condición de accionista único de esta entidad jurídica que atiende a la razón social de Venture Invercaria SAU.

Que los fondos por los que se nutre Invercaria son públicos no es un hecho controvertido, pues todas las partes personadas en la causa lo ven clarísimo. Que Invercaria no es un invento exclusivo de Andalucía también es un hecho constatable, ya que el capital riesgo público es una práctica generalizada en cada comunidad autónoma del Reino de España.

Me viene a la cabeza el fracaso de la empresa Spanair, un proyecto por el que se intentó convertir esta sociedad en la compañía aérea bandera en Cataluña. Hace tan solo un año la Audiencia Provincial de Barcelona eximió de cualquier responsabilidad a sus administradores, a pesar de que hubo una inversión fallida de dinero público de 211 millones de euros, desembolsados íntegramente por la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona (dinero público que se perdió en su totalidad). En contraposición, aquí en Andalucía, un proyecto de compañía aérea andaluza en la que participaron Invercaria, Caja Granada y algunos empresarios no tuvo el éxito esperado, y los promotores perdieron tres millones y medio de euros invertidos, tanto de dinero público como privado. Sin embargo, la Fiscalía está pidiendo años de cárcel a los administradores de Invercaria y empresarios privados.

En efecto, llevar adelante un nuevo proyecto empresarial no es tarea fácil, pero en Andalucía no sólo te arriesgas a perder el dinero, además puedes perder tu dignidad y, de paso, tu libertad. En fin, esto es Andalucía, aquí puede suceder cualquier cosa, por inverosímil que parezca. No obstante, en Cataluña se pierde sesenta veces más (nada más que 211 millones de euros) y a los empresarios no se les hace reproche penal alguno, siguen con sus actividades y no tienen cuentas pendientes con la Justicia. O Cataluña se equivoca, o en Andalucía somos más «papistas que el Papa».

Que razón tenía la juez Mercedes Alaya cuando dijo en una entrevista, hace tan sólo unas semanas, que había que dotar de juzgados especializados en delitos de corrupción pública. Ciertamente, los juzgados de instrucción no disponen de los medios para ello. Se observa este hecho en la macrocausa Invercaria, donde se necesitan especialistas con criterio a la hora de analizar la praxis de la actividad del capital riesgo; que la ratio de éxito de Invercaria fue razonable en comparación con otras empresas; que un fallido en el capital riesgo con dinero público no hay que confundirlo con malversación, etc.

Cuando Invercaria tomó sus decisiones de inversión, se analizaron tanto el plan de negocio como el nivel de liderazgo de los promotores, la proyección de futuro, las estrategias competitivas del nuevo proyecto, etc., de las empresas peticionarias de fondos de capital riesgo. Además, todos los proyectos de inversión fueron aprobados por el Consejo de Administración de Invercaria, y en ningún caso fueron decisiones arbitrarias de su presidente, ni de sus administradores (este extremo ha quedado acreditado en la fase de instrucción).

Destacar que durante toda la instrucción, que ha durado en alguna pieza separada más de un lustro, no hay prueba alguna, ni indicio, por la que el dinero transferido por parte de Invercaria a las empresas se desviara del fin previsto. Que los proyectos en el ámbito del capital riesgo pueden ser exitosos o fallidos nadie lo duda, aunque en ningún caso pueden ser motivo de reproche penal alguno. Baste decir que España es uno de los países firmantes del Protocolo Número 4 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. En su artículo primero se colige la prohibición de prisión por deudas. Concretamente dice este artículo: «Nadie puede ser privado de su libertad por la única razón de no poder ejecutar una obligación contractual».

Si ya no hay duda de la naturaleza jurídica de Invercaria, que la misma está sujeta al Derecho Privado, y que nadie ha malversado nada, en ese caso, a qué espera el juez instructor para dar carpetazo a este proceso penal impostado y falto de rigor procesal.

En puridad es la Fiscalía la que sigue cuestionando dicho marco normativo, aunque lo inaudito al hacerlo sería que cuestionara en sí mismo el poder legislativo que emana del Parlamento de Andalucía. No nos equivocamos cuando afirmamos que España dispone de un ordenamiento no unitario al ser un Estado plurilegislativo. Eso quiere decir que lo acordado en cualquiera de los Parlamentos regionales tiene rango de ley. Que los fiscales y los jueces están para aplicar la ley, y en ningún caso para cambiarla o cuestionarla. Recordemos que en España el único órgano con competencias para ello es el Tribunal Constitucional.

Francisco Barrionuevo es empresario y profesor de Economía ESO-BACH. Graduado en Derecho. Investigado en las piezas FIVA y Servivation de Invercaria.